Polideportivos y hoteles albergarán a los que quieran aislarse, aunque no se descarta que llegue a ser obligatorio
El Gobierno da un paso más en las medidas para tratar de contener la propagación del virus del COVID-19 y estudia confinar en recintos específicos a los que den positivo en el test pero permanezcan asintomáticos, para impedir así que contagien a sus familiares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer a los presidentes autonómicos, con los que mantuvo una videoconferencia, que antes del 10 abril faciliten un listado de infraestructuras públicas y privadas que puedan ser acondicionadas para alojar a enfermos asintomáticos. Aunque en principio la medida en estudio solo se contempla para aquellos afectados que se presten a ello voluntariamente, el Gobierno estudiará «todas las posibilidades legales» para hacer efectiva la decisión en caso de que fuera imprescindible a juicio de los científicos.
Un millón de test rápidos
Los recintos en los que se confinaría a estos enfermos podrían ser hoteles, albergues, palacios de congresos o polideportivos, con capacidad para alojarlos en unas condiciones de higiene y confort que garanticen su salud y su adecuada alimentación. Ante las dudas jurídicas que plantea la medida, el Gobierno asegura que en caso de adoptarse se hará bajo el amparo del estado de alarma y con un respeto «exquisito» a la Constitución y el Estado de derecho. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicó que se trataría de «facilitar a aquellos ciudadanos que lo deseen» la posibilidad de confinarse voluntariamente en una estrategia de «desescalado muy prudente». El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó, sin embargo, que «la voluntariedad manifiesta sería algo factible», aunque en caso contrario «se estudiarían todas las posibilidades legales». El presidente valenciano, Ximo Puig, apoyó explícitamente el uso de infraestructuras, que calificó como «arcas de Noé», para el confinamiento de los asintomáticos.
Sánchez garantizó a los presidentes autonómicos que hoy mismo el Gobierno habrá repartido un millón de test rápidos y les solicitó la mayor precisión posible a la hora de trasladar desde sus comunidades los datos de la evolución de la pandemia para que las estadísticas sean fiables y homogéneas. Destacó, en referencia a Madrid, aunque sin nombrarla, que hay todavía comunidades que no lo están haciendo, en especial en lo que se refiere a afectados y fallecidos en residencias de ancianos.