Esta misma noche se ha confirmado que el decreto del BOE declararía «una moratoria para que algunas actividades se paralicen paulatinamente», según anunció en La Sexta Robles.
Casi de un día para otro. En apenas 24 horas, el Gobierno dio un giro a la estrategia que había defendido hasta el pasado sábado y donde antes consideraba que no era necesario incrementar las restricciones al confinamiento, de repente ha improvisado un paro casi total de toda actividad no esencial en España, al menos hasta el 11 de abril. La prueba más evidente de la improvisación llegó casi de madrugada, cuando se confirmaba que el decreto del BOE declararía «una moratoria para que algunas actividades se paralicen paulatinamente», dijo en La Sexta Margarita Robles, dando voz al Gobierno. En ciertos sectores, «en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito de este Real Decreto podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020», reza el texto.
La decisión se ha confirmado precipitada. De hecho, el cierre de actividades no esenciales, según explicó ayer la ministra de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se tomó el propio sábado a raíz de las indicaciones del Comité Técnico de Gestión del coronavirus. Fernando Simón, la figura más visible de ese comité, había defendido que no era necesario dicho endurecimiento, sin embargo, el viernes y el sábado el panorama cambio; el objetivo ahora es reducir la movilidad y rebajar los contagios. Para ello, el Gobierno ha lanzado un «permiso retribuido recuperable» que permitirá a los trabajadores de actividades no esenciales quedarse en casa mientras la empresa paga su salario y a cambio de devolver las horas al reanudar la actividad.
Calviño vs. Iglesias
La medida ha vuelto a dejar patente la dualidad y la división en la composición del Ejecutivo. De un lado, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que hasta prácticamente este sábado defendía una postura muy cercana a la de los empresarios, descartando un cierre más radical de la actividad económica. Lo dijo por activa y por pasiva, en cada entrevista e intervención pública en la que se le preguntaba por los llamamientos desde ciertas autonomías -respaldados también por el presidente del PP, Pablo Casado- a implementar un parón completo de la actividad.
«¿De qué hablamos cuando se pide un parón total?», argumentaba en público la vicepresidenta apenas tres días antes de que Pedro Sánchez anunciase el confinamiento económico total. «Para que un hospital funcione tiene que funcionar la industria química, la farmacéutica, el textil que fabrica las prendas sanitarias, el transporte público para llegar al hospital, el sector alimentario… Ya tenemos una actividad muy ralentizada y que además se ha reorientado para atajar la crisis», respondía a los periodistas.
Su objetivo en todo momento ha sido que el país «no se pare» y que el impacto económico y su afectación a los puestos de trabajo fueran lo más contenidos posibles y ese objetivo parece haber pesado hasta ahora en el plan de Pedro Sánchez.
Sin embargo, ha terminado imponiéndose la postura morada dentro del Ejecutivo. Según fuentes consultadas por este periódico, Pablo Iglesias le trasladó hace unos 10 días a Pedro Sánchez la necesidad de imponer el cierre de la actividad productiva no esencial. El líder de Unidas Podemos le aconsejó que no lo presentase como una prohibición de trabajar, sino como un pilar clave de la lucha contra el coronavirus.
En Podemos apelaban en su razonamiento a varios motivos, entre ellos al científico -frenar la curva- y al sentido común -no tiene sentido ver a diario el metro con gente apelotonada-, pero Sánchez los rechazaba y, es más, pidió a Iglesias que no hiciera batalla pública del tema.
Desde ese momento, Unidas Podemos se alineó con el discurso oficial, aunque Iglesias no ha dejado de mantener en estas semanas el contacto con políticos italianos que le incidían en la necesidad de restringir aún más el confinamiento. Finalmente, esa ha sido la postura que se ha impuesto.
Periodo de «hibernación»
El Ejecutivo confía en que sea sólo un periodo de «hibernación» de la economía y aprovecha el periodo de Semana Santa para mitigar los efectos del parón y aliviar la carga a las empresas. Es una medida «innovadora», «creativa» e «imaginativa», llegó a decir la responsable de Hacienda, quien también reconoció que el Gobierno la había «consultado a organizaciones sindicales y empresariales, a las que queremos agradecer su colaboración».
Sin embargo, fuentes empresariales niegan que se les haya tenido en cuenta antes de echar el cerrojazo y explican que sólo se les informó de ello poco antes de la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, el sábado por la tarde.
El malestar se ha hecho patente en las últimas horas en forma de comunicados. Desde CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) manifestaban ayer su «preocupación y malestar por la manera en que se ha llevado a cabo esta decisión», mientras que el presidente de la patronal catalana Foment y vicepresidente de CEOE, Josep Sánchez Llibre, criticó «la improvisación y precipitación» de las medidas anunciadas durante un fin de semana, y que no se haya proporcionado a las empresas margen suficiente para adaptarse.
Desde CEOE alertan además del impacto «sin precedentes» que tendrá en la economía española, «especialmente en sectores como el industrial», y advierten también de que «este parón puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social».
Ante estas y otras críticas empresariales, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió ayer el aumento de las restricciones y marcó su terreno: «No vamos a aceptar presiones de ningún tipo«, aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
El cerrojazo, por tanto, ha terminado de resquebrajar la aparentemente buena sintonía que los empresarios y el Ejecutivo habían mantenido hasta esta semana. El parón a la italiana ha sido el segundo gran desencuentro entre Gobierno y empresarios en los últimos siete días, después de que el Ejecutivo decidiera prohibir los despidos en una intervención sin precedentes del mercado laboral.
Protestas de las CCAA
Pero el parón no sólo ha soliviantado a los empresarios, también a algunos líderes autonómicos que tampoco están de acuerdo con la forma de llevarlo a cabo. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, fueron los más claros a la hora de expresar su disconformidad durante la videoconferencia que mantuvieron ayer todos los líderes autonómicos con Sánchez. Ninguno terminaba de comprender el cambio en la estrategia del Gobierno y ambos se mostraban a favor de que cada región tenga la potestad de concretar las actividades auxiliares y las empresas que son necesarias para mantener la actividad esencial.
Por si quedaban dudas, la ministra Montero zanjó el debate: «No tiene sentido que cada comunidad autónoma haga una cosa diferente«.
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/03/29/5e80caabfc6c83f85c8b45a9.html