La Xunta reitera su disposición e interés en conseguir una solución jurídica sobre el dragado de la ría de O Burgo que no implique parar indebidamente la actividad marisquera

La Consellería de Infraestructuras se dirigió hasta en cuatro ocasiones en las últimas semanas al secretario de Estado de Medio Ambiente solicitando una reunión y demandó la convocatoria inmediata de un encuentro entre los servicios jurídicos sin obtener respuesta

La Xunta ya remitió el pasado mes de agosto al Gobierno de España el informe que acredita que la licitación de las obras es compatible con la actividad marisquera, que no debe suspenderse hasta que comiencen los trabajos

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente dispone también del certificado en el que la Consellería del Mar se compromete a suspender la actividad marisquera cuando comiencen las obras del dragado, con la conformidad de la cofradía de pescadores, suficiente para la licitación de las obras

Lamenta la falta de ánimo constructivo del delegado del Gobierno, que hoy convocó a los ayuntamientos de la ría a una reunión en la que no se abordaron avances ni soluciones para licitar las obras de una actuación urgente y necesaria

La Xunta de Galicia reiteró hoy ante el Gobierno de España su disposición y su interés en mantener de forma inmediata una reunión jurídica sobre el dragado de la ría de O Burgo con el fin de que el Gobierno de España licite las obras lo antes posible.

La Asesoría Jurídica General de la Administración autonómica ya está en contacto con la Abogacía del Estado para conseguir una solución jurídica sobre el dragado de la ría de O Burgo que no implique parar indebidamente la actividad marisquera meses antes del comienzo de las obras.

La Xunta reitera así sus continuos llamamientos al Gobierno de España a abordar el dragado de la ría de O Burgo en un nuevo encuentro con el objetivo de procurar conjuntamente soluciones para impulsar definitivamente el dragado de la ría.

Esta actuación, de competencia estatal, dispone de un proyecto con declaración de impacto ambiental, cuenta con fondos consignados en los Presupuestos Generales del Estado en vigor (los del año 2018) y con fondos europeos reasignados para su cofinanciación. Los servicios jurídicos de la Xunta acreditaron en un informe remitido al Gobierno de España que la actividad marisquera actual en la zona no es impedimento para la licitación del dragado, toda vez que los terrenos son de titularidad estatal y que existe un compromiso cerficado por parte de la cofradía de pescadores y por parte de la Consellería del Mar de paralizar la extracción cuando comiencen las obras.

En las últimas semanas la conselleira de Infraestructuras y Movilidad en funciones, Ethel Vázquez, se dirigió hasta en cuatro ocasiones a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente demandando la celebración de una reunión, una solicitud que no fue atendida.

Una vez que el Gobierno de España trasladó su postura a favor de que la cuestión se abordara en un encuentro de carácter estrictamente jurídico, la Xunta de Galicia solicitó que se fijara fecha para esa reunión lo antes posible. La Asesoría Jurídica del Gobierno gallego ya se puso en contacto con la Abogacía General del Estado en Madrid.

El informe elaborado por la Asesoría Jurídica de la Xunta y trasladado al Gobierno central el pasado mes de agosto es claro y avala que no existe impedimento alguno en cuanto a la disponibilidad de los terrenos, que son de titularidad estatal, para que el Gobierno español pueda licitar ya la actuación.

Los servicios jurídicos de la Administración autonómica defienden que no hay fundamento legal para suspender la actividad marisquera durante la licitación del contrato, que puede prolongarse durante varios meses, ya que esta se puede llevar adelante sin perjudicar innecesariamente a los profesionales del mar, privándolos del que es su medio de vida durante más tiempo del estrictamente necesario para ejecutar las obras.

La Xunta considera necesario que el Estado certifique la existencia del crédito necesario y suficiente para poder ejecutar las obras, ofreciendo garantías presupuestarias de que puede acometer las actuaciones de dragado de la ría de O Burgo, de su competencia. Esta certificación por parte del Gobierno español contribuiría a despejar dudas sobre si dispone de los fondos propios necesarios para la cofinanciación de la actuación y de la liquidez exigida para adelantar el dinero de la cofinanciación europea.

En este sentido, lamenta la falta de ánimo constructivo del delegado del Gobierno, que hoy convocó a los ayuntamientos de la ría a una reunión en la que no se abordaron avances ni soluciones para licitar las obras de una actuación urgente y necesaria.

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