Mes: abril 2020
La Xunta decreta «luto oficial» en Galicia todo el mes de mayo
En homenaje a las víctimas mortales del coronavirus
El Gobierno gallego ha decretado este jueves «luto oficial» en homenaje a las víctimas mortales del coronavirus en Galicia. Según ha explicado el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, el periodo de luto en la Comunidad se prolongará todo el mes de mayo, desde el día 1 hasta el 31.
«Hace algunas semanas decíamos que esperábamos que abril fuese peor que marzo. Ahora esperamos que mayo sea mejor que abril. Finalizado este primer momento agudo, es momento de rendir luto oficial en respeto a la memoria de las víctimas y sus familias», ha sentenciado Feijóo, tras presidir el Consello de la Xunta.
El presidente gallego ha recordado que, a día de hoy, se computan un total de 551 fallecidos con COVID-19 en Galicia.
Ribera, a los hosteleros: «Quien no se sienta cómodo, que no abra»
Ante las críticas del sector al plan de desescalada del Gobierno
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido hoy a los hosteleros, que ayer criticaron el plan de desescalada del Gobierno para la reapertura del sector, que «no hay una obligación de abrir», en el caso de que haya bares o restaurantes que crean que no es rentable y prefieran esperar en lugar de seguir las pautas marcadas por el plan del Gobierno.
«Todos debemos entender que esto es un sistema gradual, no hay una obligación de abrir. Si hay quien considera que es mejor esperar, pues puede esperar«, ha dicho en declaraciones a Radio Nacional.
La hostelería criticó ayer el plan marcado por el Ejecutivo, al considerar que no contempla algunas de las peticiones más demandadas por el sector (como es la flexibilización de los ERTE) y también porque, creen, basa las aperturas en medidas de aforo, como es el hecho de reducir el de las terrazas al 30%. Esto, critican, no es rentable para ningún negocio.
Críticas
«No se impone ningún tipo de obligación a nadie, quien no se sienta cómodo y le parezca que las cuentas no salen, evidentemente se entiende que permanezca cerrado», ha dicho.
Desde Hostelería de España han contestado a la ministra que «evidentemente, es lo que van a hacer los hosteleros«, ha señalado José Luis Yzuel, presidente de esta organización que aglutina al sector. «Se ha dejado la sensibilidad en casa», ha señalado, en respuesta a las declaraciones de Ribera.
Según el plan del Gobierno, los bares y restaurantes podrían abrir a partir del día 4 pero sólo para servicio de comida para llevar (no consumo en el local), y a partir del día 11 podrán hacerlo aquellos que tengan terraza pero con un aforo del 30% como máximo. En la fase 2 de la desescalada (25 de mayo) los restaurantes podrán abrir el interior de sus locales pero con medidas de distanciamiento y sólo en servicio de mesas (no barra) y con aforo al 50%.
El sector cree que abrir en estas condiciones no es rentable, pues, por ejemplo, en el caso de las terrazas, la mayoría tiene una media de 10 mesas, lo que supondría abrir con sólo tres de ellas, y sin poder dar servicio en el interior del local.
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2020/04/30/5eaa95c2fc6c8343648b4614.html
A Xunta oferta 530 prazas do plan de formación para as forzas de seguridade que se impartirá en liña debido ao covid-19
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe o plan de formación continua da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)
Abarca un total de 16 cursos que suman 400 horas e van destinados a persoal da Policía Local e tamén a profesionais da Policía Autonómica, Policía Nacional e Garda Civil que traballan en Galicia
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe o plan de formación continua da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) para o persoal da policía local e demais profesionais das forzas e corpos de seguridade do Estado que traballan en Galicia, é dicir, Policía Autonómica, Policía Nacional e Garda Civil. O plan impartirase na modalidade de teleformación como consecuencia das restriccións derivadas do coronavirus. Inclúe 16 actividades, máis de 400 horas de formación e 530 prazas.
A declaración de emerxencia sanitaria e o estado de alarma, provocaron a suspensión de toda a formación presencial da AGASP,motivo polo cal, a Academia na súa resolución de hoxe publica unha convocatoria de cursos de formación en liña combinados con telepresencia e clases en directo.
Durante os próximos meses impartiranse cursos en materias como a seguridade viaria, así como inspeccións administrativas e de índole dixital, de protección de datos e informático, co obxectivo que os profesionais das forzas de seguridade continúen a actualizar os coñecementos relacionados coa súa actividade profesional e o poidan facer de xeito telemático.
A formación realizarase a través da plataforma de formación en liña, aínda que todos os cursos contarán con probas presenciais finais na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, cuxa data se comunicará cunha antelación suficiente.
O prazo para inscribirse nestes cursos comeza a partir de hoxe e prolongarase ata o 14 de maio. Para matricularse é preciso cubrir o formulario dispoñible na páxina web da AGASP.
Ademais, nos cursos xa convocados para os que xa había alumnos seleccionados e que foron aprazados pola situación actual de emerxencia sanitaria, procedeuse a súa reconversión a formación en liña e comezaranse a impartir en breve.
Por outra parte, a Academia, seguindo as instrucións das autoridades sanitarias, suspendeu as clases o pasado 13 de marzo e decidiu adiantar a parte práctica da formación nos concellos de orixe dos 134 alumnos da 12 promoción de Policía Local. A actividade lectiva de forma presencial prevese retomar unicamente coa volta ás aulas dos alumnos da 12 promoción de policía local garantindo todas as medidas de seguridade sanitaria necesarias.
El plan de Pedro Sánchez para la desescalada, en la cuerda floja
La oposición sopesa la posibilidad de votar en contra de la prórroga del estado de alarma
El Gobierno ha entrado en zona de peligro. La prórroga por cuarta vez consecutiva del estado de alarma -hasta el 25 de mayo- con la puesta en marcha del llamado plan de desescalada no tiene garantizado el apoyo del Congreso. A día de hoy, las posturas de los grupos de la oposición, incluso de los que apoyaron en su momento la investidura de Pedro Sánchez, se alejan cada vez más del Ejecutivo, de su gestión y de su actitud.
La próxima semana, el presidente tendrá que comparecer de nuevo ante el Pleno del Congreso para someter a votación la prolongación de la alarma con las nuevas condiciones que ha previsto para la fase 1 de desconfinamiento y regreso paulatino a la actividad.
Será un trance arriesgado porque las fuerzas parlamentarias no están dispuestas a respaldarle con los arrolladores 321 votos que le brindaron en la primera prórroga y probablemente tampoco con los 270 o los 269 que le otorgaron en la segunda y en la tercera. Los ánimos y los apoyos han ido decayendo a medida que el Gobierno prometía diálogo y no cumplía.
Ahora, el futuro inmediato está fundamentalmente en manos del PP y de ERC. Si ambas fuerzas finalmente se decantan por el voto negativo arrastrando consigo a sus respectivos aliados –Navarra Suma y Foro Asturias, de un lado, y EH Bildu, del otro-, Sánchez tendrá muy complicado sacar adelante su plan. Y, de momento, ninguna de las dos se muestra dispuesta a ponérselo fácil suscribiendo lo que consideran un «contrato de adhesión» redactado a puerta cerrada en La Moncloa.
De seguir engordando el malestar, el bloque del no, en esta ocasión, podría llegar a alcanzar los 171 escaños e incluso más si PNV y Ciudadanos -más dispuestos a conciliar con el Gobierno- ven que sus demandas no encuentran satisfacción, que sus propuestas son desoídas, que no se dialoga, que la ideología tiñe las iniciativas y que Sánchez, con el mando único, enmascara, como creen nacionalistas e independentistas, una recentralización de las competencias.
Los nacionalistas podrían considerar tentador tumbar el proyecto del Gobierno para que, de esa manera, la gestión sanitaria de la pandemia y el proceso de recuperación de la actividad económica recayera en manos de las comunidades autónomas.
Los populares lanzaron ayer una seria advertencia en la sesión de control al Gobierno. Pablo Casado acusó a Sánchez de «mentir a los españoles», «aprovechar la crisis para avanzar en una agenda radical» y desdeñar a la oposición.
«Miente cuando dice que quiere pactar de corazón con una oposición que se tiene que enterar por la televisión de nuevo de sus planes de desescalada y de prórroga del estado de alarma. ¿Esa es la normalidad democrática que quiere usted acuñar?», le preguntó después de espetarle: «¡Haga usted el ridículo si quiere pero no nos pida que lo hagamos con usted!».
En Génova, las fuentes consultadas siguen dejando en el aire el apoyo de sus 88 diputados a la nueva prórroga del estado de alarma. Aseguran que analizarán con detalle los términos del decreto que debe aprobar el próximo martes el Consejo de Ministros, antes de tomar una decisión definitiva, pero se declaran cansados de esperar que Sánchez levante el teléfono y ponga en práctica su reiterado llamamiento a «arrimar el hombro» y consensuar.
En el otro lado del Hemiciclo, los nacionalistas que votaron la moción de censura de Pedro Sánchez están cada día más cerca del no y algunos ya se han instalado en él. Junts per Catalunya ya se movió hacia el rechazo hace semanas porque considera que el Gobierno invade competencias autonómicas. ERC, Bildu y el PNV, por su parte, han venido apoyando o permitiendo con su abstención las diferentes prórrogas presentadas, pero cada vez con una postura más crítica y distante.
Gabriel Rufián, de ERC, lo dijo ayer en el Pleno con toda la claridad: el Gobierno «debería reflexionar si es que quiere mantener el espíritu de los 180 votos de la moción de censura». Rufián exige al Gobierno que «dialogue, informe y se entienda» con ERC y con el resto de los grupos. «Son ya 47 días de estado de alarma, son ya 47 días sin competencias y, sobre todo, 47 días sin diálogo, sin consensuar, sin coordinar, enterándonos de las cosas por ruedas de prensa», dijo Rufián al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Ya en el debate de la tercera prórroga del estado de alarma, Rufián advirtió de que su grupo estaba «más cerca del no que nunca», aunque en aquella votación se abstuvo. En planteamientos similares a los de ERC se encuentran también el PNV, Bildu y el BNG, que suman 25 votos en total.
El PNV no ha asegurado esta vez su voto a la prórroga. Fuentes del Grupo Vasco explican que van a presentar por primera vez propuestas de resolución para modificar lo que plantee el Gobierno. El PNV exige «diálogo leal» con el Ejecutivo vasco al implementar las medidas. Los nacionalistas aceptan el mando único, pero piden que se ejerza «en cooperación» con Vitoria y respetando sus competencias.
Mientras los nacionalistas se alejan del Gobierno, Ciudadanos sigue tendiendo la mano para apoyar la prórroga y la desescalada. Pero, como advirtió ayer su portavoz adjunto, Edmundo Bal, «la mano tendida no es un cheque en blanco».
Hasta ahora, Cs ha votado a favor de las prórrogas, pero desde la dirección naranja exigen que el Gobierno «cambie la unilateralidad por el diálogo» y «la improvisación por el consenso». Arrimadas ha reclamado a Sánchez que tenga en cuenta a Cs porque no está dispuesta a darle apoyo a cambio de nada y así tapar «los enormes errores» que considera que el Gobierno está cometiendo.
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/30/5ea9df9921efa0844f8b4638.html
El Gobierno ha gastado 154 millones de euros en compras dudosas de material sanitario
Las pruebas de anticuerpos rechazadas por la India se suman a los tres contratos que Sanidad suscribió con el proveedor de las mascarillas defectuosas
El Gobierno ha firmado, desde que estalló la crisis del coronavirus, al menos cinco contratos por valor de 171 millones de euros de material sanitario cuya solvencia está en duda. No obstante, uno de estos acuerdos, el de los test fallidos, fue finalmente rescindido, lo que deja la factura de compras dudosas en alrededor de 154 millones de euros.
En primer lugar estalló el escándalo de los test de detección frustrados. En los compases iniciales de la pandemia, cuando el virus golpeaba más fuerte, saltó la noticia de que los exámenes efectuados por el Ministerio de Sanidad sobre estos test ponían en duda su sensibilidad para detectar el coronavirus. Eran de la marca Shenzen Bioeasy Biotechonology y fueron adquiridos por Sanidad a través del proveedor Interpharma. El acuerdo firmado tenía un valor de 17 millones de euros y el Ministerio, después de comprobar que no eran efectivos, lo rompió.
Tres contratos, 116 millones
Después surgió un segundo escándalo con material defectuoso. Se trató de las mascarillas de la marca Garry Galaxy, que el Gobierno compró y distribuyó entre las distintas Comunidades Autónomas para proteger a los profesionales sanitarios, uno de los colectivos más afectados por los contagios. Sanidad, después de que Aragón y Cataluña le advirtieran de sus sospechas sobre algunas mascarillas de esta firma, analizó varias muestras. Las Garry Galaxy se compraron como mascarillas de protección nivel FFP2, pero los análisis demostraron que varios lotes no cumplían con los parámetros mínimos exigidos. El Ministerio, entonces, ordenó la retirada inmediata de las mascarillas de dicha firma que venían envueltas en un sobre verde.
Andalucía, Murcia o Galicia fueron las Autonomías que antes actuaron y procedieron, en consecuencia, a aislar o practicar seguimiento al personal sanitario que hubiera usado las mascarillas de los lotes defectuosos. Sanidad no ha aclarado cuál es el número total de mascarillas defectuosas, pero sí se ha podido saber, como adelantó este diario, que el Ministerio firmó hasta tres contratos por valor de 116 millones de euros con Hangzhou Ruining Trading, el proveedor de las Garry Galaxy defectuosas. Un contrato era por dichas mascarillas y, los otros dos, por trajes de protección para los sanitarios.
Los test que la India rechaza
El pago del pedido en el que estaban incluidas las Garry Galaxy se realizó por adelantado, práctica habitual entre los proveedores chinos. Lo mismo ocurrió con los cinco millones de test de anticuerpos que Sanidad compró por 38 millones de euros y que, posteriormente, la India ha rechazado tras comprar otra remesa y considerarlos poco precisos.
Se trata de la prueba denominada «Sars-Cov 2 Antibody Test (Lateral Flow Method)» del laboratorio Guangzhou Wondfo Biotech. España compró, como adelantó ABC, 5.030.000 test de este tipo, pero el Consejo de Investigación Médica de la India (ICMR en sus siglas en inglés) sembró las dudas sobre su eficacia después de ordenar a los profesionales del país que dejaran de usarlos y que se los remitieran para devolvérselos al fabricante. «Los resultados han mostrado una amplia variación en su sensibilidad, a pesar de la promesa de un buen rendimiento para fines de vigilancia. Por ello, se aconseja a los estados que dejen de usarlos», suscribió la autoridad sanitaria de la India. Mientras tanto, estos test siguen utilizándose, pese a las críticas de los profesionales, en regiones españolas como Navarra.
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-compras-gobierno-sospechosas-202004292219_noticia.html
Feijóo pide ao Goberno que non faga oídos xordos ás comunidades para de xeito coordinado e consensuado definir a mellor reactivación social e económica
Incide en que Galicia non pode avalar o plan de desescalada porque “ten serias lagoas de eficacia e utilidade” e “non foi negociado” coas comunidades
Asegura que o documento conta “con algunhas luces e con moitas sombras”, avogando por que sexa un punto de partida no que poder avanzar para aprobar un texto definitivo na conferencia de presidentes do domingo
No que respecta á mobilidade, insiste en que se nas catro provincias galegas a situación epidemiolóxica é igual, o lóxico é que poida haber movementos entre elas, sen necesidade de esperar ata o 22 de xuño como mínimo
Resalta a necesidade de despexar as incógnitas sobre a duración do estado de alarma, xa que dificilmente se pode falar de pasar á nova normalidade se temos unha situación excepcional
Fai fincapé na necesidade de coñecer os parámetros e as variables sanitarias a partir das cales o Goberno vai autorizar en cada territorio o paso á seguinte fase
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pediu hoxe ao Goberno de España que non faga “oídos xordos” ás comunidades autónomas para, de xeito coordinado e consensuado, definir a mellor reactivación social e económica.
Durante a rolda de prensa para avaliar o plan de desescalada anunciado polo Executivo central, Feijóo incidiu en que as comunidades son colaboradores necesarios e imprescindibles para, entre todos, poder acertar ante a situación máis complexa que se recorda. “Estamos xuntos nisto e compartimos o mesmo obxectivo, acadar unha desescalada segura, prudente, progresiva e eficaz”, dixo, recordando que as comunidades autónomas demostraron sempre lealdade e responsabilidade e os cidadáns comportáronse cunha responsabilidade histórica; “polo que o Goberno non pode actuar de costas aos que xestionamos a realidade e somos responsables dos servizos de saúde e, en definitiva, dos pacientes”.
“Estamos a falar dun plan que non foi negociado, nin moito menos consensuado coas comunidades. Un plan que non foi presentado en ningunha das conferencias de presidentes celebradas e que, desde logo, Galicia non pode avalar porque ten serias lagoas de eficacia e utilidade”, insistiu, avogando por que o documento presentado polo Executivo sexa un punto de partida no que poder avanzar e aprobar un plan definitivo na vindeira conferencia de presidentes, o próximo domingo.
“Entramos nunha fase crucial da resposta á pandemia e a mellor maneira de afrontala con acerto é traballando de forma coordinada e leal, e non a golpe de imposicións do boletín oficial, con ordes ministeriais que saen de xeito continuado e constante, nunha situación dunha enorme improvisación”, abundou.
Sen tratamento específico para o rural e cunha mobilidade provincial
Ao longo da súa intervención, Feijóo fixo unha primeira análise, asegurando que o plan do Goberno para afrontar a desescalada conta “con algunhas luces e con moitas sombras”, botando en falta, primeiramente, un tratamento específico para o rural.
“Estamos a falar dun plan pensado en realidades urbanas e non en realidades rurais”, dixo, expoñendo tamén a necesidade de replantexar a mobilidade provincial. Sobre este punto, lembrou que 270.000 galegos residen en municipios que son limítrofes das provincias galegas. “Polo que a clave non é unha delimitación administrativa de 1833, senón se os municipios limítrofes teñen a mesma situación epidemiolóxica”, aseverou, sostendo que se nas catro provincias galegas a situación epidemiolóxica é igual, o lóxico é que poida haber movementos entre elas, sen necesidade de esperar ata o 22 de xuño como mínimo.
Deste xeito, o titular da Xunta incidiu en que se teña en conta a área de saúde e non a provincia como unidade de capacidade do sistema sanitario. “E parécenos que tamén debería de falarse dos servizos de urxencias e emerxencias, ao igual que se fala da atención primaria, hospitalaria e UCI, porque son a eles aos que chegan os casos en primeiro lugar”, engadiu.
Así mesmo, destacou a indefinición que existe dos criterios de reapertura en distintos sectores económicos como, por exemplo, no comercio, na actividade pesqueira ou na restauración; e resaltou a necesidade de despexar as incógnitas sobre a duración do estado de alarma, xa que dificilmente se pode falar de pasar á nova normalidade se temos unha situación excepcional. “Non podemos manter sine die un mecanismo tan excepcional na democracia”, recalcou.
O presidente da Xunta fixo fincapé tamén na necesidade de coñecer os parámetros e as variables sanitarias a partir das cales o Goberno vai autorizar en cada territorio o paso á seguinte fase. “Descoñecemos cales son os criterios sanitarios exactos aos que os territorios nos temos que someter para obter un resultado obxectivo e incuestionable e que non dependa da vontade de interpretación do Goberno central; e botamos de menos tamén un obxectivo serolóxico que axude ao cambio de fase”, dixo, lamentando que o documento non concrete para que valen os test epidemiolóxicos.
Culleredo dotará de más espacios a las terrazas de hostelería
Estudia fórmulas para ampliar estas superficies durante la desescalada
El Concello de Culleredo quiere favorecer al máximo la reactivación de la actividad de los negocios del municipio. Uno de los sectores más sensibles afectados por la emergencia sanitaria es el de la hostelería y por eso el gobierno local busca las fórmulas para que puedan incrementar la superficie de sus terrazas, teniendo en cuenta que serán espacios más seguros y que serán los primeros con posibilidad de utilización dentro del plan de desescalada del Estado.
El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, encargó al departamento técnico un análisis minucioso de la ordenanza existente y la determinación de las modificaciones oportunas para beneficiar la actividad económica de la hostelería en el municipio. La idea del Concello consiste en que los establecimientos puedan gozar de más posibilidades para que sus terrazas cuenten con más mesas o con más separación. En este sentido, en principio, son varios los escenarios que se estudian.
Por un lado, se estudiará el incremento de la superficie permitida en la propia acera frente al negocio. La ordenanza municipal, aprobada en el 2017, ya contemplaba una excepcionalidad para aumentar el espacio en épocas como las fiestas patronales. Se trataría por tanto de variar dicha excepción para el estado actual.
Asimismo, la ordenanza ya recoge en su texto la opción de ocupación en determinados casos de zonas de aparcamiento, en los casos que no sea viable emplear la acera. Deberá contar con la autorización del departamento de seguridad vial, que implicaría la adopción de medidas de protección.
Y el propio texto de la ordenanza también contempla que las terrazas se extiendan hacia el frente de edificios colindantes a los negocios de hostelería, con el permiso de sus propietarios. En todos los casos, se deberá garantizar que se deja un paso amplio y seguro para los peatones.
El alcalde explica que desde el Concello «adoptaremos todas las fórmulas que estén en nuestra mano para amortiguar el impacto de esta emergencia sanitaria en los pequeños negocios de Culleredo». Rioboo apunta que pese a lo ajustado de los plazos se trabaja «con mucha intensidad» desde todos los departamentos municipales para «estar al lado de la hostelería, siendo sensibles a su situación».
Además de las medidas para la ampliación de las terrazas, el Concello prevé también colaborar con el reparto de EPIs a los negocios para favorecer su revitalización. Se está a la espera de la regulación específica para el sector de cara a poder aplicar, dentro de las competencias municipales, las medidas que contribuyan a su mejor funcionamiento durante la desescalada.
Sólo 11 millones de personas mantienen intacto su empleo en el sector privado tras el impacto del coronavirus
Empresas y negocios absorbieron el 98% de la destrucción de empleo causada por el primer impacto del coronavirus en el mercado laboral dejando su número total de ocupados en 16,4 millones. De ellos, al menos cinco millones están en situación de paro económico.
El choque del coronavirus con la economía española ha golpeado con una fuerza sin precedentes al sector privado que ha buscado refugio en los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) para salvar empleos y negocios. Más de cinco millones de asalariados y trabajadores autónomos acogidos a fórmulas de protección de rentas se han salvado así de sufrir el paso al desempleo, que ya asciende al 14,41% de la población activa.
En total, según las cifras difundidas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el mercado laboral, el empleo privado se redujo en 280.300 personas entre enero y marzo para quedar en 16.433.300 personas mientras el empleo público, que incluye a 3,25 millones de personas disminuyó en 5.400. Ahora bien, el INE señala que los afectados con suspensión de empleo se siguen clasificando como ocupados cuando su suspensión sea inferior a tres meses. Si es superior o igual a ese periodo y el trabajador continúa percibiendo al menos el 50% del salario, también sigue considerándose ocupados.
Esto hace que de los 16,4 millones de asalariados y trabajadores autónomos que figuran como empleados en el sector privado, haya al menos cinco millones que están, como señala en Banco de España, ocupados pero en situación económica de paro. En total, si se restan estos empleos en suspensión, las empresas y negocios privados españoles estarían generando algo más de 11 millones de empleos actualmente en activo.
El propio INE señalaba ayer que su Encuesta de Población Activa (EPA), que se considera la mejor fotografía periódica del mercado de trabajo, estaba incompleta por no reflejar la magnitud real de la crisis económica desatada por el coronavirus.
Su estudio publicado ayer apenas marca el primer impacto de la pérdida de empleo que ha sufrido la economía española, con una caída de 285.000 ocupados en el primer trimestre respecto a final de año y otros 562.900 colgados de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
La tasa de paro escala así al 14,4% en una estimación que se queda corta. El informe del INE no alcanza a reflejar la magnitud de la crisis por terminar su periodo de estudio el pasado 31 de marzo. Pero sí registra un desplome histórico en la tendencia de recuperación del mercado laboral de los últimos cinco años. El primer impacto sobre esos 285.000 ocupados menos se ha producido en el sector privado, que absorbe 280.000 puestos de trabajo suprimido.
La encuesta no refleja el impacto de los ERTE, que se elevaron en 562.900 personas en el primer trimestre, una cifra superior al empleo que se había creado durante todo 2019: 402.300 personas.
«El paro parcial por razones técnicas o económicas o la suspensión por expediente de regulación de empleo son las principales razones que explican este incremento», explicaba ayer el organismo en su nota informativa sobre el estado del mercado laboral, una nota que incluía que algunas de estas cifras «no tienen precedentes». Abril de 2020 tampoco los tendrá. La contabilidad que llevan los agentes sociales eleva a 4,2 millones el número de afectados a día de hoy por suspensiones de empleo.
El paro subió en 121.000 personas en el primer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 285.600 puestos de trabajo (-1,4%), acusando así parte del impacto de la crisis sanitaria y de la declaración del estado de alarma a partir de mediados de marzo. En ambos casos se trata de los peores registros de paro y empleo desde el año 2013.
Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.313.000 y el número de ocupados, en 19.681.300 personas. El INE señala que el aumento del paro se cifró en 121.000 personas entre enero y marzo, pero al mismo tiempo ve probable que muchos trabajadores que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivos y no como desempleados al no cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que se establece en la definición de paro de la EPA.
De hecho, el número de inactivos creció en 257.400 personas (+1,6%), lo que situó el total de personas en esta condición en 16.525.900 personas. La tasa de paro se incrementó seis décimas en el primer trimestre, hasta el 14,41%, mientras que la tasa de actividad bajó cinco décimas, hasta el 58,18%, tras reducirse el número de activos en 164.600 personas entre enero y marzo (-0,7%).
Fueron los trabajadores más jóvenes, que también suelen contar con los contratos más vulnerables en caso de crisis, quienes recibieron el mayor golpe. La tasa de desempleo entre los menores de 25 años se situó en el primer trimestre de 2020 en el 32,99% de la población activa del colectivo, lo que supone un repunte respecto al trimestre precedente (30,51%).
Si todo apunta a que la salida de esta crisis en términos de empleo será desigual al depender de la exposición a sectores como la industria o el turismo o regiones con una estructura económica más o menos favorable, a la hora de entrar en ella el castigo ha sido general. Todas las comunidades autónomas destruyeron empleo en el primer trimestre de este año con respecto al trimestre anterior.
Los mayores descensos anuales de la ocupación se dieron en Baleares, que restó 67.100 ocupados (-11,77%), Comunidad Valenciana (-32.100, un 1,52% menos) y Andalucía (-28.900 parados, un 0,92% menos). También destacaron los descensos de Castilla-La Mancha (-2,83%), Cantabria (-2,25%), Castilla y León (-1,96%) y Aragón (-1,54%).
La desescalada por el Covid-19 empezará el 11 de mayo por islas y provincias y durará hasta finales de junio
El plan para la transición tras el estado de alarma será «gradual» y contará con cuatro fases de dos semanas cada una
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la tarde de este martes que la desesacalada durará ocho semanas -dos meses- en todo el territorio nacional, será «gradual, asimétrica y coordinada» y «no habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad». Es decir, las actividades permitidas «sólo se podrán realizar en la provincia o isla donde de viva».
Así lo ha anunciado el presidente tras la reunión del Consejo de Ministros, además de señalar que «nos recuperaremos gradualmente, por fases», que serán cuatro. Cada fase durará dos semanas. La previsión del Gobierno es llegar a esa «nueva normalidad» a finales de junio.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el denominando Plan para la Transición a una nueva Normalidad. El Gobierno asegura que lleva semanas preparándolo, pero mientras otros países habían avanzado ya su hoja de ruta para abandonar el confinamiento consecuencia de la crisis del coronavirus y retomar poco a poco la actividad económica, los españoles no conocían nada aún sobre el camino hacia una posible salida.
El único alivio, desde que la Covid-19 encerró a los españoles en sus casas, fue la decisión de permitir salir a los niños desde el pasado domingo y el anuncio del presidente de que a partir del sábado 2 de mayo los adultos podrán hacer deporte al aire libre de manera individual.
El Ministerio de Sanidad ha elaborado varios documentos previos con todos los marcadores sanitarios -hasta 27- que las comunidades autónomas deben cumplir para poder comenzar la desescalada.
El ministro Salvador Illa mantuvo reuniones con los consejeros de Salud el 24 de abril y este lunes y Sánchez abordó este asunto el domingo en la conferencia de presidentes autonómicos, pero en ninguna reunión se adelantó nada.
El Ejecutivo pidió a las autonomías que aportaran sus propios planes aunque en todo momento dejó claro que la transición dependería del Gobierno.
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/28/5ea6b6b521efa0dd238b4620.html